El coste de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales afectará a unos sectores más que otros, de manera que las empresas dedicadas al comercio se llevarán la peor parte, ya que el impacto económico –tanto directo como indirecto– ascenderá a 10.379 millones de euros al año, mientras que para la Administración Pública será solo de 15 millones de euros anuales.
