El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación sobre potenciales prácticas comerciales desleales en relación con las viviendas turísticas que operan sin licencia y que se anuncian por toda España en plataformas destinadas al alquiler turístico. Las multas podrían llegar a 100.000 euros.
